Gato Pérez
El Ventilador
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
En EE UU el alcalde no puede colocar a mucha gente. El Ayuntamiento lo gestionan profesionales. En muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganador.
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?.
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia)
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el escándalo de Bankia, la crisis bancaria y la necesidad de expropiar la banca. Felipe Alegría
No sólo Bankia, es el conjunto del sector bancario español, “Nacionalizar” las perdidas y salvar a los banqueros o expropiar la banca y encarcelar a los ladrones.
El 23 de mayo Guindos, el ex representante de Lehman Brothers y hoy ministro de Economía, anunció en el Congreso de Diputados que el Gobierno iba a desembolsar todo el dinero público que hiciera falta para asumir las pérdidas privadas de BFA/Bankia. Dos días después, el nuevo presidente de Bankia, Goirigolzarri, al mismo tiempo que nombraba un consejo de administración compuesto por grandes empresarios, ha pedido una inyección de 19.000 millones. Una cantidad que se añade a los 4.500 millones ya derretidos en el mismo fin. Es una verdadera montaña de dinero público que alcanza los 24.000 millones de euros, con los que pretenden “sanear” Bankia, para luego privatizarla.
Es una cantidad que, ella sola, supera de largo la que Guindos había anunciado hace sólo 15 días para “rescatar” a todo sector bancario. Un importe dos veces y media mayor que los 10.000 millones de brutales recortes a la Sanidad y la Educación previstos para este año. Así pues, para “socializar” las pérdidas privadas de Bankia se ponen 24.000 millones; para Salud y Educación se recortan 10.000.
Pero el escándalo Bankia no acaba aquí, porque a esa cifra brutal hay que sumarle aún 28.500 millones de deuda que han sido avalados por el Estado, 40.000 millones de préstamos del BCE (Banco Central Europeo) garantizados por el Banco de España y la garantía estatal de los depósitos de los clientes (una buena parte de los cuales, los pequeños ahorradores, unos 300.000, han sido estafados y muchos arruinados haciéndoles comprar unas acciones que en 10 meses han perdido el 45% del valor inicial y van a acabar no valiendo nada). Estamos hablando, pues, de 250.000 millones de dinero público comprometido en los negocios de BFA/Bankia, es decir, el 25% del PIB español o, lo que viene a ser lo mismo, ¡más de la cuarta parte de la riqueza creada en todo un año!
No es sólo Bankia, es el conjunto del sector bancario español
Pero la cosa va bastante más allá, porque Bankia es la punta del iceberg de la crisis general del sistema financiero español. Éste (con la excepción de los debilitados Santander y BBVA -la mitad de cuyo negocio está en Latinoamérica- y también quizá de La Caixa) se encuentra de hecho en quiebra, aunque esté enmascarada porque los activos bancarios están valorados a precios inflados y no reales. Y no estamos hablando sólo de los “activos tóxicos” del ladrillo, sino de préstamos multimillonarios concedidos a grandes empresas españolas como ACS (la que preside Florentino Pérez), que está de hecho en quiebra técnica y tiene una deuda de ¡14.000 millones de euros!. Las agencias de calificación acaban de colocar al nivel de “bono basura” al Banco Popular y Bankinter. Y en breve tendremos las “valoraciones” encargadas a las consultoras privadas Oliver Wyman (americana) y Roland Berger (alemana), que anunciarán nuevos y grandes agujeros.
Pero los bancos españoles son también grandes deudores de los bancos alemanes y franceses, que se forraron concediéndoles préstamos masivos en la época del ladrillo. En realidad, si la banca española no ha “colapsado” –en palabras de Mario Draghi- es porque ha utilizado la llamada “barra libre” del BCE y ha tomado prestados de ésta nada menos que 300.000 millones de euros, que le han servido para atender sus deudas con los bancos europeos y para hacer un pingüe negocio a costa del erario público (tomando dinero del BCE al 1% y comprando deuda pública al 5-6%: ¡Cientos de millones sólo por un cambio de manos contable!).
Un atraco en masa a la población.
Para los gobiernos sólo hay una prioridad: salvar a los bancos y preservar el dominio parasitario del capital financiero. Por eso organizan el mayor atraco en masa en muchas décadas, “nacionalizando” las pérdidas multimillonarias de la banca y convirtiéndolas en Deuda pública que cargan con salvajismo sobre las espaldas de la población trabajadora, mediante una espiral sin freno de planes de austeridad que conduce a imponernos un retroceso histórico de décadas en los servicios públicos, en los salarios y las pensiones, en las condiciones generales de vida y trabajo.
Este atraco se acompaña, además, de la mayor impunidad y desvergüenza. Así, sólo en 2011, la directiva de Bankia cobró 32 millones, de los cuales 11 fueron para el trío dirigente y de ellos más de 5 para Rodrigo Rato, al que ahora indemnizan, encima, con 1,2 millones, una fortuna a la que hay que añadir comisiones, “bonus” y aportaciones millonarias a fondos de pensiones. (Por cierto, ¿dónde estaban los consejeros del PSOE, IU, CCOO y UGT que cobraban sus retribuciones y no abrieron la boca ante este latrocinio?) También hemos sabido que este 22 de mayo la Audiencia Nacional, en clara complicidad con la familia Botín, ha archivado la causa por delito de fraude fiscal por ocultar 2.000 millones de euros en cuentas secretas en Suiza y defraudar a Hacienda. Son simples botones de muestra de una situación absolutamente generalizada de abusos y latrocinio de los directivos de bancos y cajas durante todos estos años y en la actualidad.
Pugna entre los grandes bancos europeos y españoles para quedarse con la tajada.
En el atraco al pueblo trabajador coinciden todos, los banqueros alemanes, franceses y españoles y sus gobiernos, pero no ocurre lo mismo a la hora de determinar quién será el beneficiario de la crisis bancaria, el pez grande que se comerá al chico. Es aquí donde chocan de frente los grandes bancos españoles (Santander, BBVA, La Caixa), apoyados por el Gobierno (y el PSOE) y los grandes bancos alemanes y franceses, apoyados por Merkel y Hollande, así como por la UE y el BCE, que son, ante todo, instrumentos al servicio de los imperialismos centrales europeos. Por eso han impuesto que sea el BCE quien “tutele” la reestructuración bancaria y chantajean con la subida de la prima de riesgo y el coste insoportable de la Deuda española, para forzar que el rescate de la banca española sea con fondos europeos que ellos controlan e imponer sus condiciones.
“Nacionalizar” las perdidas y salvar a los banqueros o expropiar la banca y encarcelar a los ladrones.
Frente al atraco y la pugna entre bandidos, los trabajadores tenemos que plantear nuestra propia alternativa, empezando por oponernos frontalmente a la “socialización” de las pérdidas privadas de de los bancos y cajas.
El Estado no debe poner ni un solo euro público para salvar a los ladrones de Bankia ni de ninguna otra entidad bancaria, ni tampoco para garantizar a la banca europea la devolución de los préstamos que concedió a los bancos en quiebra. Por el contrario, hay que expropiar toda la banca, al completo y no sólo a los que están en quiebra, y hacerlo sin socializar las pérdidas y sin indemnizar a ningún gran accionista. Por el contrario, los responsables de las quiebras y operaciones fraudulentas deben devolver el dinero, respondiendo con su patrimonio y pagando con la cárcel el latrocinio cometido. A los pequeños accionistas arruinados, a los pequeños depositantes y ahorradores, en cambio, se les deben garantizar escrupulosamente sus cuentas. Del mismo modo, se debe asegurar crédito barato y en condiciones para las pymes. Asimismo, la montaña de pisos vacíos en manos de la banca debe ser la base de un parque público de viviendas de alquiler social.
Hay que expropiar la banca porque es la que concentra en sus manos el dominio real de la economía y es imposible, por tanto, dar un solo paso serio para resolver la crisis mientras la banca siga en manos de financieros sin escrúpulos que parasitan con el mayor descaro la riqueza social. Hay que expropiar los bancos y crear un sistema unificado de inversiones y créditos, bajo control de los trabajadores y el movimiento popular, que permita acabar con el desempleo y reorganizar la economía en beneficio de la inmensa mayoría.
IU habla de unificar las cajas que han sido rescatadas con dinero público y crear con ellas una banca pública, cuyos futuros beneficios contribuyan a financiar las necesidades sociales. Esto, por supuesto, se haría en paralelo a la gran banca privada, cuya propiedad no se tocaría en absoluto. Pero así, además de justificar con palabras bonitas la socialización de las pérdidas, no puede solucionar nada en serio, porque mientras no se expropie a los grandes bancos, los resortes de la economía continuarán en sus manos y enfrentados a los intereses de la gran mayoría.
PARA PARAR LOS RECORTES, LO PRIMERO ES SUSPENDER EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA A LOS BANQUEROS E INICIAR UNA AUDITORIA PUBLICA QUE DESVELE LA VERDAD.
La deuda pública no es en el fondo otra cosa que la conversión de la deuda privada capitalista en una deuda asumida por el Estado para que la paguemos el pueblo trabajador. Este es directamente el caso de la deuda originada para el “rescate” de los bancos, una de las grandes fuentes de la deuda pública, que ahora se va a ver escandalosamente incrementada para “nacionalizar” a nuestra costa las pérdidas de Bankia y del resto de entidades bancarias.
La deuda pública es la razón que alegan los gobiernos para justificar los planes de ajuste o, lo que es lo mismo, para imponer un retroceso histórico en servicios públicos, salarios y condiciones de vida.
Una deuda antidemocrática, ilegítima e inmoral.
Pero es una deuda antidemocrática, porque se ha contraído completamente de espaldas al pueblo. Y es también una deuda ilegítima e inmoral, porque se ha contraído contra los intereses de la población, y su pago se hace a costa de un gravísimo deterioro de la vida colectiva, del empobrecimiento general y del ensañamiento contra los colectivos más desprotegidos.
Es una deuda que viene de los miles y miles de millones dedicados a salvar a los banqueros y de las enormes inversiones en infraestructuras totalmente injustificadas y deficitarias (AVE, aeropuertos, autopistas y obras faraónicas), que sólo se explican por el beneficio que han sacado de ellas las grandes constructoras, los proveedores extranjeros y una red de corrupción política generalizada. Es una deuda que viene de la financiación de misiones militares en el exterior y de comprometer enormes y carísimas partidas de armamento no se sabe bien para defender qué. Viene de pagar grandes gastos parasitarios como los de la iglesia católica, la monarquía o los privilegios desorbitados de los políticos profesionales y altos cargos. Viene de un sistema fiscal en el que los ricos pagan muy pocos impuestos y las grandes fortunas y empresas los evaden en masa, como han denunciado los inspectores de Hacienda. Es una deuda que crece más y más por la carga de intereses usureros de la que se benefician banqueros y fondos de inversión.
No es extraño que en el mismo momento en que Guindos anunciaba más deuda pública para “salvar” a Bankia, Botín y su familia fueran exculpados de fraude fiscal por la Audiencia Nacional, que saliera a la luz el comportamiento corrupto del presidente del Supremo, Dívar, con sus “semanas caribeñas” de lujo en Marbella a nuestra costa, o la “inauguración” de un tramo de autopista en Lleida en medio de ninguna parte, o la corruptela del hospital de Sant Pau en Barcelona.
El dinero para los servicios públicos, suspender los pagos de deuda a los banqueros, auditoría pública de la deuda para desvelar la verdad.
No es cierto que no haya dinero para los servicios públicos. El dinero existe. El problema es que, simplemente, en lugar de destinarlo a ese fin, los gobiernos desmantelan dichos servicios para pagar la deuda a los banqueros y fondos especulativos. Pero no podemos permitir que sigan adelante, destruyendo día tras día y sin darnos descanso, nuestros derechos fundamentales en beneficio de una ínfima minoría.
Esta espiral infernal debe ser frenada y para ello debemos imponer una primera medida: la suspensión inmediata de los pagos de la deuda a los banqueros, españoles y extranjeros, de manera que garanticemos que los dineros públicos se destinen a financiar los servicios públicos. La segunda medida, ante los múltiples indicios de ilegitimidad y fraude de la deuda, es poner en marcha una Auditoría pública, bajo control popular, que desvele la verdad. ¿Acaso cuando tenemos que pagar una factura, y más cuanto más elevado es su importe, no nos aseguramos de que no nos están engañando? Queremos una Auditoría que nos diga de dónde surge la deuda, cómo se ha contraído y quiénes son sus responsables y beneficiarios, que establezca los elementos de prueba para juzgar y castigar a los responsables de delitos económicos y de la violación de derechos sociales básicos y que fundamente su repudio y la exigencia de reparación de los daños causados.
Articulo publicado en Página Roja, publicación mensual de Corriente Roja / Corrent Roig.
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“Las desigualdades sociales no responden a causas biológicas o genéticas, sino a una mala distribución de la riqueza, por lo que reducir las desigualdades es un imperativo ético."
LUIS EDUARDO AUTE
26-01-2014
